Victoria Sydlowski
Gerente de Clientes CHR
En los últimos meses nos enfrentamos a un problema de política exterior con Argentina debido a “los 3 metros” de paneles solares construidos sobre territorio chileno en la Patagonia.
Si bien el objetivo de esta columna no es opinar sobre relaciones internacionales, quiero tomar como ejemplo lo sucedido en este caso tan popular para reflejar una realidad que afecta, en dimensiones mucho más grandes que sólo 3 metros, al territorio chileno. En esta ocasión, hablaremos en específico de los terrenos fiscales.
En el Norte de Chile, principalmente desde la Región de Antofagasta hacia arriba, se mezcla el desierto más árido del mundo con una intensa actividad industrial que concentra una parte importante del PIB de Chile, en donde gran parte de ello es territorio fiscal (recordemos que Chile anexó dichos terrenos como consecuencia de la Guerra del Pacífico). Así, industrias como la minería, la generación y transmisión eléctrica, entre otras, y todo su encadenamiento económico, utilizan importantes porciones de territorio para la instalación de toda la infraestructura asociada a su actividad.
Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el episodio de Argentina y los paneles solares? Que así como Argentina se equivocó en 3 metros, la diferencia existente entre derechos de uso y ocupación versus las construcciones reales es un problema real, y hasta el momento silencioso, que vive casi todo proyecto de infraestructura que se ubica en el “viejo oeste chileno”.
Así, encontrarse con infraestructura construida de manera desplazada a su servidumbre, infraestructura construida sin un derecho asociado, infraestructura abandonada, derechos antiguos que al parecer siguen vigentes e inscritos pero en donde nunca construyeron, entre otros casos, son eventos comunes en esta zona que nos entrega tantos recursos y en donde se concentra tanto desorden territorial.
Así, encontrarse con infraestructura construida de manera desplazada a su servidumbre, infraestructura construida sin un derecho asociado, infraestructura abandonada, derechos antiguos que al parecer siguen vigentes e inscritos pero en donde nunca construyeron, entre otros casos, son eventos comunes en esta zona que nos entrega tantos recursos y en donde se concentra tanto desorden territorial.
Así como Chile y Argentina, una consecuencia importante son los conflictos que se generan entre empresas (o con el Fisco), provocando, entre otros efectos, los siempre mencionados retrasos y sobrecostos.
Evidenciar estas problemáticas es relevante para poder dar soluciones concretas a lo que se ha convertido en una realidad y que, por lo tanto, debe pasar a ser un elemento visible en todo desarrollo. A modo de ejemplo, hoy estamos en un proceso importante de licitación para el desarrollo de la industria del litio, la cual no se circunscribe sólo a las áreas de los salares; se está lanzando una nueva licitación para terrenos de hidrógeno verde, los cuales son mega proyectos para poder ser rentables; se están desarrollando múltiples proyectos de desalación por la crisis hídrica que requieren de largas tuberías para abastecer a sus clientes, entre muchos otros ejemplos.
Entonces, ¿de qué manera aportamos para que los nuevos proyectos tengan las menores dificultades de emplazamiento posible, conociendo la realidad (y no la teoría) del territorio chileno?
